Para que la crisis la paguen los capitalista.
Este 1º de mayo de 2021, con el mundo sumido en una crisis económica, social y sanitaria, volvemos a tomar las calles, como se viene haciendo desde hace más de 100 años. Nos hemos unido para alzar una sola voz desde la diversidad, porque todes somos clase trabajadora.
No sólo las personas que pueden optar a un trabajo asalariado aceptado por el sistema capitalista que nos oprime. Aquí también estamos las que cuidan y ejercen trabajos no remunerados, estudiantes, amas de casa, pensionistas. La clase trabajadora no son sólo hombres blancos cis-heteros, aquí estamos les vidas negras y marrones, gitanas, asiáticas, migrantes, trabajadoras sexuales, trans, juventud, infancia y mayores, disidentes de género, sexuales y/o cuerpo, discas, supervivientes de la psiquiatría, precarias, obreras, jornaleras, trabajadoras domésticas.
Este último año hemos constatado que la crisis sanitaria causada por la pandemia ha recrudecido todos los aspectos de las crisis económica, social, política y ecológica que empeoran las condiciones materiales de la clase trabajadora a costa del enriquecimiento de las grandes fortunas. La relación entre esta crisis y el capitalismo es clara: las 50 personas más ricas del mundo han visto crecer sus fortunas 640.000 millones de euros durante la pandemia, mientras muchas y muches compañeres se han quedado sin sustento y sin techo, en ERES, ERTEs, o en desempleo.
Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajos más esenciales para el sostenimiento de la vida, a menudo realizados por personas migrantes en situación irregular, en condiciones de semiesclavitud, así como todo el trabajo de cuidados no remunerado. Estas personas han estado durante toda la pandemia expuestas, sobre todo las mujeres pobres, y también han sido estigmatizadas y criminalizadas por los gobiernos acusándolos de “propagar el virus por sus modos de vida”.
La pandemia ha aumentado de forma salvaje el racismo y la xenofobia sistémicos, estructurales y sociales hacia las personas racializadas, especialmente hacia las personas asiáticas, quienes están sufriendo todo tipo de vejaciones. La pandemia ha sido el caldo de cultivo del autoritarismo racista que legitima las redadas y detenciones por perfil étnico con la excusa de la seguridad sanitaria. La violencia policial ha ido en aumento, cebándose contra quienes están en situación de máxima vulneralidad. También han aumentado las agresiones y crímenes machistas, contra las mujeres* y disidentes de género y sexuales.
Vivimos en una sociedad que encarcela a las personas que se oponen a las jerarquías existentes, ya sea a través de canciones, de manifestaciones o de diferentes tipos de acción directa. La existencia de estas instituciones de castigo y de encierro no es casual: están diseñadas tanto para acabar con la disidencia política como para reforzar la marginación de las personas pobres, migrantes y racializadas.
Nos oponemos frontalmente a una estructura que defiende los privilegios de los verdaderos criminales: quienes gobiernan, ya sean de la derecha o se llamen a sí mismos “progresistas” , que reinan y ostentan el monopolio de la violencia a través de su sistema legal y penitenciario para defender la propiedad y los privilegios de los capitalistas. Aparte de las cárceles y otras instituciones de encierro como los CIEs, el sistema se vale de leyes autoritarias y arbitrarias que anulan la existencia de las personas como la Ley Mordaza y la Ley de Extranjería.
Nos oponemos a un sistema que castiga al antifascismo y deja propagar mensajes filonazis y de odio con total impunidad. Que se vale de unos medios de comunicación adictos al régimen que limpian la cara a la extrema derecha y estigmatizan constantemente a las personas migrantes. Un sistema que se sostiene mediante la aplicación de políticas neocoloniales que dan validez al expolio de tierras, océanos y cuerpos ajenos para satisfacer la voracidad ilimitada de las transnacionales, como ahora mismo está ocurriendo con el robo del pescado senegalés por multinacionales europeas o con el Tratado entre la Unión Europea y Mercosur que contribuirá a saquear más fácilmente la selva amazónica y los recursos de Abya Yala, generando un desequilibrio climático que creará un futuro aún más incierto e inseguro para las clases trabajadoras. Un sistema en el que aún se debate si las personas trans* existimos y merecemos ser tratadas como seres humanas con plenos derechos civiles. Un sistema y sus gobiernos, que por más que se digan “progresistas”, permiten que haya personas viviendo en la Cañada Real sin luz durante meses. Un sistema que dificulta el asilo a las personas migrantes encerrándoles en CIEs improvisados como el campamento de migrantes en Gran Canaria. En definitiva, un sistema que a la vez que genera pobreza y precariedad, criminaliza y persigue a las personas pobres.
